Este viernes, el Presidente Sebastián Piñera, junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín presentaron la nueva Reforma Procesal Civil, que se hará cargo de modernizar un sistema que llevar 118 años sin modificación alguna, con el objetivo de entregar más y mejor acceso a la justicia a las personas.

Sobre el anuncio, relativo a la Reforma Procesal Civil, el Ejecutivo ha decidido continuar con la tramitación legislativa del proyecto de Código Procesal Civil correspondiente al primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, la cual resultó suspendida en el Senado, luego que la Cámara de Diputados rechazara algunos aspectos del proyecto original que han sido perfeccionados en esta nueva propuesta. 

El objetivo de la Reforma Procesal Civil es terminar con la ineficacia de un sistema judicial que no responde a las necesidades del Chile actual, en problemas tan comunes como incumplimientos de contratos, negligencias médicas, deudas impagas por arriendo, cobro de gastos comunes, facturas impagas y particiones de herencias o liquidaciones de sociedades conyugales, que derivan en procedimientos engorrosos y de larga duración.

Como antecedente, antes de la pandemia, más de la mitad de las causas que ingresaron a tribunales (57%) correspondían a conflictos relacionados a justicia civil. Es decir, este es el sistema de justicia más usado por los chilenos y chilenas, pero el menos moderno, tanto en el país, como en el resto de Latinoamérica.

Sobre la nueva Reforma Procesal Civil, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula García señaló que “esta iniciativa nos permitirá concluir con el proceso de reformas legales más importantes impulsado como Estado de Chile, que se inició el año 2000 con la Reforma Procesal Penal y que continuó con la reforma laboral, de familia, medioambiental y tributaria; pero que dejó pendiente nuestra justicia civil que cumple hoy 118 años sin modificaciones. Es un enorme paso para mejorar el acceso a la justicia en el país, considerando que la mayor cantidad de causas que ingresan a los tribunales son precisamente civiles, por lo que modernizar este sistema, va en directo beneficio de las personas”.

Asimismo, esta reforma además contendrá otros dos proyectos de ley que serán ingresados próximamente al Congreso: un proyecto de ley de mediación en materia civil y comercial, incorporando dentro del Poder Judicial una Unidad especializada que prestará este servicio de manera gratuita a toda la comunidad; y un proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales, que diseña toda la estructura orgánica asociada a la reforma.

En tanto, el proyecto de ley para un nuevo sistema de nombramiento de jueces surge de una mesa de trabajo interinstitucional convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que sesionó entre los meses de octubre y diciembre del año 2018.

Esta reforma se orienta a fortalecer la independencia interna de los jueces, cerrando los espacios de discrecionalidad de los superiores jerárquicos; y estableciendo un sistema de selección basado estrictamente en el mérito, entre otros aspectos.

Para ello, el proyecto propone crear una Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, que será un organismo con autonomía, que dirigirá el procedimiento y tendrá que resolver siempre mediante una resolución colegiada y fundada. Este mecanismo, además, pone fin a la facultad discrecional y unilateral del Ejecutivo de designar a los jueces y otros funcionarios del Escalafón Primario.

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